147 MDP en Guamúchil, tirados al río con aguas negras. En Guamúchil se erigen malecones que buscan embellecer el paisaje urbano, pero a los pies de uno de ellos existe una realidad que hiede más que cualquier discurso político: “aguas negras”. El gobierno municipal de Guadalupe López González y el gobierno estatal de Rocha Moya, han destinado más de 147 millones de pesos para que se construya el malecón del Río Évora, un proyecto que, según sus promotores, pretende ser un atractivo turístico y un gran motor de desarrollo regional. Pero como en todo existe un pero, el detalle es que no aparece en los folletos ni en los discursos oficiales, este río recibe descargas directas de aguas residuales y de residuos sólidos desde hace décadas, generando grandes focos de infección y un fétido olor que invade colonias enteras. Mientras se gasta en infraestructura estética, el problema de fondo sigue ahí: El cauce está contaminado a kilómetros río abajo, afectando comunidades del municipio de Angostura. Habitantes señalan que esto es el resultado de omisiones históricas de más de 40 años en el tratamiento de aguas residuales. La contaminación del río se relaciona con riesgos de salud pública, incluyendo un aumento de casos de dengue hemorrágico en la región. Expertos en medio ambiente han advertido que las descargas violan normativas ambientales y contaminan mantos freáticos, un daño que no se corrige con banquetas bonitas ni ciclovías. La comunidad lo dice claro: un malecón puede embellecer la vista, pero no embellece la salud ni la calidad de vida si el río que lo baña está lleno de aguas negras. La obra está diseñada para ser un polo turístico, pero no se ha atendido primero lo básico: saneamiento, tratamiento de aguas y solución al origen de la contaminación. La ciudadanía ve enormes inversiones en infraestructura superficial, pero no ve respuestas sostenibles al problema sanitario y ambiental que afecta a cientos de familias. En otras palabras: se gastan millones en fachada, mientras se ignora lo que verdaderamente importa. ¿De qué sirve un malecón si nadie querrá acercarse a él por el olor a mierda y el alto riesgo sanitario? ¿Por qué priorizar la estética urbana si los servicios básicos siguen sin funcionar al día de hoy? Las preguntas quedan flotando en el río y son por demás que simples y sencillas: ¿Para quién se construye este malecón y para quiénes se deja morir el río? ¿Quiénes serán los realmente beneficiarios con esta obra? Recordemos que bien lo dice el viejo y conocido refrán: “piensa mal y acertarás”. Suyos los comentarios…
La sucesión adelantada en Sinaloa. En la política sinaloense, la carrera por 2027 ya arrancó… aunque oficialmente nadie lo admita. El todavía gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, parece estar moviendo sus piezas. En el tablero aparecen dos perfiles cercanos: el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y la diputada local María Teresa Guerra Ochoa. El caso de Gámez Mendívil es particularmente llamativo. De formación arquitectónica y con una trayectoria política relativamente reciente en el radar estatal, hoy enfrenta el enorme desafío de gobernar una capital marcada por problemas de inseguridad y un evidente enfriamiento económico. La pregunta que flota en el ambiente político es inevitable: ¿Le alcanzará el posicionamiento o la realidad de Culiacán terminará pesando más que cualquier impulso desde Palacio? Por su parte, Guerra Ochoa busca ganar terreno rumbo a la próxima disputa electoral. Sin embargo, su crecimiento en la conversación pública avanza con cautela y todavía sin el nivel de tracción que exigiría una contienda de alto calibre. Pero el tablero no está vacío. Dentro de Movimiento Regeneración Nacional, distintas señales apuntan a que la senadora Imelda Castro Castro mantiene presencia y respaldo en sectores relevantes del partido, lo que introduce un factor adicional de competencia interna. Y ahí es donde la temperatura política comienza a subir. Porque más allá de los discursos de unidad, en Sinaloa se perciben tensiones crecientes entre distintos grupos al interior de Morena, mientras la oposición observa -hasta ahora- con una discreción que raya en la ausencia. La sucesión gubernamental de 2027 todavía está lejos en el calendario, pero en la práctica, el jaloneo ya empezó. Y en política, cuando las señales se adelantan tanto, rara vez es por casualidad…
Guerreros… ¿de qué causa? En Sinaloa hay luchas legítimas que merecen respeto. Pero existen otras que, por la forma en que se conducen, levantan más cejas que simpatías. La dirigente Yesenia Rojo Carrizoza, al frente de la agrupación autodenominada “Guerreros Azules”, se ha vuelto protagonista -no precisamente por la vía institucional- sino por una estrategia que parece consistir en tomar las presidencias municipales como su método de gestión. Porque claro, cuando el diálogo no fluye, siempre queda el viejo recurso del escándalo. Diversos señalamientos públicos -que deberán ser aclarados por las instancias correspondientes- apuntan a presuntos cobros de comisiones a viudas de policías caídos en cumplimiento de su deber. Un tema delicadísimo que, de confirmarse, sería moralmente indefendible. Y de no ser cierto, también merece una explicación puntual. Pero la polémica no termina ahí. En el Ayuntamiento de Angostura, el grupo protagonizó un episodio que terminó en confrontaciones con reporteros presentes en el lugar. Y por el rumbo de Mocorito, la presión política subió de tono durante una sesión de Cabildo que terminó en un escándalo público por exigencias económicas de alto calibre. Todo esto dibuja una pregunta incómoda: ¿Estamos ante una legítima defensa de derechos o frente a una estrategia de presión que apuesta al ruido antes que a la razón? Porque una cosa es representar causas sociales -lo cual es válido y necesario- y otra muy distinta es convertir la gestión en espectáculo de fuerza. Al final, en política y en activismo, el fondo importa, pero las formas terminan delatándolo todo. Hoy los llamados “Guerreros Azules” están generando más controversia que certezas…
Cuando un bache se vuelve sentencia. La seguridad de una familia puede terminar abruptamente al impactar un bache de dimensiones críticas. Estos desperfectos no son un simple inconveniente vial: son un riesgo real de accidente. Y sus consecuencias varían de forma drástica entre calles urbanas y carreteras estatales o federales -sean libres o de cuota- donde las velocidades elevadas multiplican el peligro. El riesgo se dispara cuando confluyen tres factores letales: velocidad del vehículo, peso de la unidad y profundidad de la oquedad en el asfalto. Es una ecuación sencilla y peligrosa. Más allá de si la reparación corresponde a la autoridad municipal, estatal o federal, la amenaza para la integridad física de los conductores y sus familias no admite burocracias. En vías de alta velocidad, un bache profundo puede provocar pérdida de control, daños estructurales en la suspensión e incluso volcaduras, con el consecuente aumento en la probabilidad de lesiones graves o fatales. Porque en materia de infraestructura vial, lo que para la autoridad puede ser “mantenimiento pendiente”… para el ciudadano común puede convertirse en una emergencia en fracciones de segundo…
La ASF revela irregularidades millonarias en último año de AMLO. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que durante el año 2024, el último año de gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quedaron por aclararse 65,169 millones de pesos. Entre las irregularidades, la ASF encontró algunos pagos en exceso por 81.2 millones de pesos, relacionados con los trabajos de rehabilitación de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde en diciembre pasado se descarrilló una unidad, mismo que dejó como saldo 14 personas sin vida. La Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para el relevo de la Auditoría Superior, en un escenario de alta percepción de corrupción en todo el país, más auditorías pero menos hallazgos, y una caída en el número de denuncias presentadas…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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