Solo en México se puede vender una reforma electoral como “ahorro democrático” mientras medio país se pregunta si no viene con letra microscópica incluida. La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promete reducir costos, recortar privilegios y “darle más poder al pueblo”. En el papel suena casi poético. En la realidad política mexicana que huele a quirófano institucional. Porque sí: bajar el gasto electoral siempre cae bien en el discurso. ¿Quién va a defender públicamente burocracias caras? El problema es qué se recorta y a quién se fortalece en el proceso. Por ejemplo, la iniciativa plantea eliminar la lista nacional plurinominal en el Senado y modificar la integración legislativa, obligando a que todos busquen voto directo. Suena democrático, hasta que uno recuerda que los pluris -con todos sus vicios- también han sido la vía de entrada para minorías y oposiciones que difícilmente ganan por mayoría. Ahí empieza el verdadero debate. Además, el plan contempla reducir al menos 25% el costo del sistema electoral mediante recortes al INE, partidos y organismos locales. Otra vez: en el discurso, aplausos. En la práctica, la pregunta incómoda es si el ahorro será administrativo o político. La oposición ya encendió las alarmas y habla de riesgo de sobrerrepresentación oficialista. Y no es paranoia gratuita: datos citados en el debate público señalan que buena parte de los legisladores plurinominales actuales pertenecen a fuerzas distintas al partido gobernante. Traducido al español de la calle: si cambias las reglas del tablero, inevitablemente cambias quién gana la partida. ¿Significa esto que la reforma sea automáticamente antidemocrática? No. ¿Significa que merece escrutinio quirúrgico y no aplausos automáticos? Absolutamente sí. Porque en política mexicana ya conocemos el libreto: todo se hace “por el pueblo” hasta que el pueblo revisa la factura. Y aquí la pregunta de fondo -la incómoda, la que raspa- no es si el sistema electoral debe abaratarse. Probablemente sí. La pregunta real es: ¿Estamos ante una cirugía para adelgazar la democracia o para rediseñarla a modo? Porque cuando el poder promete que es por nuestro bien, el ciudadano prudente no aplaude, revisa en dónde está escondido el bisturí, y parece que está en Palacio Nacional…
Cuando el debate jurídico se contamina de consignas, el Estado de derecho empieza a crujir. Lo que se observó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la discusión sobre equidad y proporcionalidad tributaria, dejó más preguntas que certezas. El tema de fondo era técnico y relativamente acotado: la obligación de presentar aviso por adquisición de inmuebles en zona restringida y la sanción aplicable cuando ese aviso se presenta de forma extemporánea. El punto crítico: el recargo puede superar el 700%. En un análisis estrictamente constitucional, la pregunta central debería ser clara: ¿La sanción guarda proporcionalidad razonable con la falta administrativa? Sin embargo, parte del debate público -y de algunas posturas que circularon alrededor del caso- se deslizó hacia argumentos más políticos que jurídicos. Cuando en una discusión tributaria comienzan a aparecer razonamientos del tipo “que paguen porque son extranjeros” o apelaciones emotivas ajenas al test de proporcionalidad, el terreno técnico se vuelve resbaloso. Porque el control constitucional no está para ajustar cuentas históricas ni para enviar mensajes políticos: está para verificar si la ley respeta los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad fiscal. Esto no significa ignorar preocupaciones legítimas sobre territorio, medio ambiente o acceso social. Significa ordenar el debate en el plano correcto. La pregunta que queda sobre la mesa es incómoda pero necesaria: ¿Se está resolviendo con técnica constitucional o con narrativa política? Porque cuando el derecho tributario se decide a golpe de emoción, el precedente que queda no fortalece al sistema, sino que lo debilita…
De último momento: la “Ley Therian” llega al Congreso. Un joven que se identifica públicamente como “Therian Caballo” acudió al Congreso de la Unión para impulsar la llamada “Ley Therian”, una propuesta que -según su planteamiento- busca prevenir el acoso y la discriminación contra personas con esta identidad en escuelas y centros de trabajo. La iniciativa, sin embargo, ha provocado una ola de reacciones encontradas. Por un lado, hay quienes sostienen que cualquier política pública debe garantizar el respeto y la no discriminación en todos los espacios. Por el otro lado, varios críticos cuestionan la pertinencia de abrir este debate en un país que enfrenta rezagos severos en seguridad, en educación y en el sistema de salud. El punto de fricción no es menor: la agenda pública siempre implica prioridades, y ahí es donde se encendió la discusión. Para muchos analistas, el Poder Legislativo tendría que concentrar capital político en los problemas estructurales que afectan a millones de mexicanos, antes de avanzar en iniciativas que parte de la opinión pública percibe como desconectadas de las urgencias nacionales. Finalmente, la discusión de fondo no es sobre una identidad en particular, sino sobre una pregunta incómoda para cualquier Congreso: ¿Qué temas deben ocupar primero el tiempo y la energía del Estado mexicano? Porque en política pública, tan importante como legislar es saber priorizar…
Gobiernos bajo la sombra del miedo. La percepción de inseguridad sigue siendo el termómetro más crudo para medir la confianza ciudadana. Y los últimos datos difundidos por “Dossier de Grupo Reforma” colocan a varias de las principales ciudades del país en niveles alarmantes. Estos son los mandatarios estatales cuyas entidades concentran algunas de las urbes con mayor porcentaje de población que se siente insegura: Alfredo Ramírez Bedolla -Uruapan: 88.7%. Rubén Rocha Moya – Culiacán: 88.1%. Alfonso Durazo Montaño – Ciudad Obregón: 88%. Delfina Gómez Álvarez – Ecatepec: 88%. Libia Dennise García Muñoz Ledo – Irapuato: 87.3%. Más allá de colores partidistas, el mensaje ciudadano es contundente: en estas ciudades, casi nueve de cada diez personas se sienten inseguras. La percepción no es un dato menor. Impacta inversión, vida nocturna, movilidad y calidad de vida. Y, sobre todo, erosiona la confianza en las autoridades responsables de la seguridad. La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿qué está fallando en la estrategia de seguridad cuando el miedo se vuelve la experiencia cotidiana de la población? Porque en política de seguridad hay un indicador que no admite maquillaje: cuando la gente vive con miedo… el problema ya rebasó el discurso…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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