En el municipio de Choix, gobernar no solo es un honor… es un negociazo. La alcaldesa del municipio de Choix, Yoneida Gámez Vázquez, percibe un salario mensual de 111,879 pesos. Así, sin despeinarse, sin crisis, sin austeridad, sin culpa. Innegablemente, en el Palacio Municipal la inflación no sólo se resiente: se derrota a billetazos. Porque mientras la gente estira el gasto, en la Presidencia Municipal el sueldo creció como si fuera espuma. Hace algunos años, el presidente municipal ganaba 77 mil pesos mensuales. Hoy, el incremento es tan generoso que ya quisiera el trabajador promedio tener ese “ajuste inflacionario”. Vaya ritmo de crecimiento salarial. Un sueño húmedo para quienes sobreviven en la informalidad, el subempleo o con salarios mínimos que no alcanzan ni para la quincena. Pero en el municipio de Choix, el esfuerzo se premia, si estás en el poder. Claro, el aumento está respaldado por el tabulador oficial y aprobado por el H. Cabildo. Es decir, se autorizaron solos. Democracia versión VIP. El sueldo base anual supera el millón 342 mil pesos, y eso sin contar las prestaciones, las gratificaciones y los demás adornos que convierten el cargo público en un paquete ejecutivo. Vaya sacrificio el de administrar uno de los municipios con mayores carencias de Sinaloa. Debe ser durísimo gobernar Choix desde una silla bien acolchonada y con un salario premium. Y, por si fuera poco, el mantenimiento del despacho de la Presidencia Municipal cuesta más de 6.7 millones de pesos anuales entre: asesores, chofer, gasolina, viajes y difusión social. Porque gobernar pobremente, sale muy caro. Mientras tanto, casi 549 millones de pesos del presupuesto municipal se van a la nómina y servicios personales. Una cifra que deja claro que en Choix el principal servicio público no es el agua, ni la obra, ni el desarrollo: es mantener bien pagado al gobernante y su séquito. Pero eso sí, no nos confundamos, la austeridad existe, solo que aplica de abajo hacia arriba nunca, y de arriba hacia abajo siempre. Así que ya lo sabe estimado lector: en el municipio de Choix, la pobreza es para el pueblo; el bienestar para los que mandan en el Palacio Municipal. Suyos los comentarios…
¿Que la senadora Imelda Castro se apropió de las banquetas alrededor de su casa? Esto es lo que se comenta con insistencia en casi todo Culiacán capital sinaloense. Y mientras tanto, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento parece haberse convertido convenientemente en ciego, sordo y mudo al igual que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil -otro que suspira porque su Nino Rocha le deje la gubernatura-. Hablamos de más de sesenta metros cuadrados de banqueta, un espacio que por definición es bien público, presuntamente incorporado a una propiedad privada mediante abuso de poder y tráfico de influencias. No es un tema menor ni anecdótico: es el ejemplo más claro de cómo algunos políticos entienden la “transformación”, empezando por su propia cuadra. Resulta que resalta que resultó que todavía es más delicado si se considera que se trata de una Senadora que aspira a gobernar Sinaloa. Porque si así se actúa con algo tan visible como una banqueta, ¿Qué podría pasar con el presupuesto estatal, las concesiones, las obras públicas o el patrimonio de todos? Lo verdaderamente indignante no es solo el presunto abuso, sino el silencio cómplice de la autoridad municipal, que debería ser la primera en garantizar que el espacio público no se privatice por capricho o poder político. Pero aquí no hubo ni sellos, ni clausuras, ni comunicados, hubo omisión. Y la omisión también es corrupción. Que Dios y la Virgen nos agarren confesados si este es el tipo de prácticas que se normalizan antes de llegar al poder. Porque cuando un político se siente dueño de la banqueta, es porque ya se siente dueño de todo lo demás. La pregunta de fondo es inevitable: ¿Qué pecado estamos pagando los sinaloenses para seguir teniendo este tipo de perfiles como “opciones” de gobierno? Suyos los comentarios, estimado lector…
La Universidad Autónoma de Sinaloa requería con urgencia una reingeniería financiera que permitiera proteger lo más valioso que la sostiene: la educación de miles de jóvenes, razón de ser de la institución y eje central de su función social. Es innegable que los derechos laborales deben preservarse en la mayor medida posible; sin embargo, también es necesario reconocer que estos deben mantenerse en correspondencia con la realidad financiera de la Universidad. Resulta insostenible prolongar esquemas de beneficios que, de no ajustarse, pongan en riesgo la continuidad de la actividad educativa y la estabilidad institucional de la UAS. En este contexto, el Gobierno Federal ha planteado la eliminación de modelos de jubilación que no reconoce por considerar que derivan de contratos colectivos financieramente inviables. Esta postura ha obligado a las universidades públicas del país a replantear sus esquemas de retiro bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad presupuestal. Frente a este escenario, la decisión de la autoridad universitaria ha sido sensata y estratégica: avanzar hacia un esquema de aportación a un fideicomiso, que permita garantizar un retiro digno para las distintas generaciones de trabajadores, sin menoscabo de los derechos laborales y sin comprometer la viabilidad académica de la institución. Cabe destacar que, por encima de cualquier debate, lo más importante es que se respeten y salvaguarden los derechos de toda la comunidad universitaria -docentes, personal administrativo y estudiantes-, asegurando que la Universidad Autónoma de Sinaloa continúe cumpliendo su misión educativa con responsabilidad, equilibrio y visión de futuro…
“No es un perfil cualquiera” y en eso tiene razón. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a defender el nombramiento de Francisco Garduño en la Secretaría de Educación Pública. Dijo que “no es un perfil cualquiera”. Y hay que reconocerlo: no lo es. Muy pocos funcionarios cargan con ese currículum. Garduño fue titular del Instituto Nacional de Migración cuando ocurrió el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 personas murieron calcinadas, encerradas, sin posibilidad de escapar. Un hecho que estremeció a México y al mundo. Un episodio que no fue un accidente: fue una negligencia del Estado. Pero parece que, en la nueva lógica del poder, la tragedia no inhabilita, capacita. Hoy, este mismo funcionario enfrenta -o enfrentó- un proceso judicial, y aun así es premiado con la dirección general de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP. Es decir, ahora se encargará de “formar”, “capacitar” y “orientar”. Ironías del sistema: el responsable de un encierro mortal ahora dirigirá centros de formación escolar. “No es un perfil cualquiera”, insiste la presidenta. Y es cierto. Es el perfil perfecto para un régimen en donde la lealtad pesa más que la responsabilidad, en donde los errores graves no se castigan, se reciclan. Porque aquí el mensaje es claro y brutal: No importa cuántos muertos deje tu gestión, no importa si hubo negligencia documentada, no importa el dolor de las víctimas, siempre habrá un cargo esperándote. La 4T prometió que no habría impunidad, pero hoy la impunidad no solo existe, tiene oficina nueva y presupuesto educativo. ¿En dónde queda la justicia para las 40 personas que murieron asfixiadas y quemadas? ¿En dónde queda la memoria, la ética, la mínima decencia política? Pero no exageremos. Seguro alguien dirá que esto no es premio, es una “reubicación estratégica”. Que no es burla, es una “experiencia administrativa”. Que no es cinismo, es una “continuidad institucional”. Así se gobierna cuando el poder ya no siente vergüenza. Así se manda el mensaje de que en México la tragedia no cierra carreras, sino que las impulsa. “No es un perfil cualquiera”, no, presidenta, sino que es el perfil exacto de un país en donde los muertos estorban menos que la lealtad política. Suyos los comentarios, estimado lector…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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