“Narcoterrorismo” y política: la prueba que no admite atajos. La cruzada de Donald Trump contra los cárteles -a los que ha buscado encuadrar como organizaciones terroristas- ya no es solo discurso de campaña, sino que es una presión política con efectos reales en la relación bilateral. Y en este contexto, versiones y reportes que vinculan a figuras de MORENA con investigaciones en los Estados Unidos colocan al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a una prueba incómoda: cómo responder cuando el señalamiento cruza la frontera. Aquí conviene separar las capas. Primero, lo verificable: el endurecimiento del discurso estadounidense, la intención de elevar el costo político y jurídico del narcotráfico, y el momento elegido -justo antes de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)-. Nada de esto es casual. Segundo, lo no confirmado: no hay, hasta ahora, constancia pública clara de acusaciones formales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en contra del ahora ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el flamante senador Enrique Inzunza Cázarez (el primo y socio político de Rocha) o el flamante alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil (el ahijado incómodo de Rocha). Y esta precisión es la línea que separa la presión política de un proceso judicial. Tercero, la señal: Washington está dispuesto a subir el tono, no solo con visas o declaraciones, si se materializa con las herramientas legales más agresivas. El momento no podría ser más sensible, estando a días de las tensiones por la presencia de las agencias estadounidenses en territorio mexicano y en la antesala de la revisión comercial, cualquier escalamiento en el frente de seguridad puede contaminar el resto de la agenda. Para el gobierno mexicano, el dilema es claro: cerrar filas en lo político o abrir expedientes en lo institucional. Lo primero cohesiona y lo segundo da credibilidad. Porque si algo no admite atajos es la confianza internacional. Y esta no se construye con descalificaciones automáticas, sino con información verificable y con procesos que resisten el escrutinio público. Al final de cuentas, la “prueba de fuego” no es retórica, sino que es de método. Y en esta prueba, la pregunta no es quién tiene la narrativa, sino quién tiene los hechos…
“Se acabó la impunidad” cuando el mensaje ya no es diplomático. El tono cambió y cambió fuerte. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó un mensaje que no deja espacio a matices: “Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”. Y esto no fue genérico, sino que mencionó directamente al ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya. La frase completa es todavía más reveladora: “Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya si estás implicado en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, te haremos rendir cuentas”. Esto ya no es diplomacia, sino que suena más a advertencia. Y llega en un contexto aún más delicado: reportes indican que una fiscalía federal en Nueva York presentó cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Es decir, el mensaje político viene acompañado -según estos reportes- de acciones legales. Ahora bien, aquí hay que separar dos planos: 1. El político: los Estados Unidos está subiendo el tono. Ya no habla solo de cooperación, sino de responsabilidades individuales. Y cuando un comité del Congreso menciona nombres propios, el mensaje es claro: presión directa. 2. El jurídico: Aunque se reporta una acusación formal, los señalados -incluido el propio Rocha Moya- han rechazado los cargos y el gobierno mexicano ha señalado falta de pruebas suficientes en revisiones preliminares. Es decir: el caso está abierto, pero no resuelto. Pero en política, el daño no espera ninguna sentencia. Porque cuando Washington te pone nombre y apellido en un mensaje de “narcoterrorismo”, el impacto no es solo legal, es reputacional, diplomático y estratégico. Y ahí es en donde entra el verdadero problema para México: esto no ocurre en el vacío. Ocurre en medio de tensiones bilaterales, revisión del T-MEC y una narrativa estadounidense que ya no distingue entre crimen organizado y actores políticos. Al final de cuentas, la pregunta no es si el mensaje fue duro. La pregunta es: ¿Por qué los Estados Unidos decidió hacerlo público y hacerlo así? Porque cuando la presión deja de ser privada y se vuelve pública, ya no es advertencia…
Gran Jurado, duda local y la eterna sospecha. La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que los elementos provenientes desde los Estados Unidos no son suficientes en el caso del ahora ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya -ahora ex gobernador-. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo, porque del lado de USA no estamos hablando de un rumor cualquiera, sino de un procedimiento que -según lo que se ha difundido- habría pasado por un Gran Jurado en Nueva York. Es decir, un mecanismo legal que evalúa si existen elementos para formular cargos. No es una sentencia, pero tampoco es una ocurrencia. Sin embargo, en México la respuesta institucional es clara: no alcanza. Y entonces aparecen dos narrativas que chocan frontalmente. 1.- La oficial: prudencia jurídica, falta de elementos, respeto al debido proceso. 2.- La oposición: no es falta de pruebas, es voluntad de encubrimiento. Dos lecturas, un mismo vacío: la claridad. Porque cuando un caso de este tamaño se queda atrapado entre lo que “no es suficiente” aquí y lo que “sí amerita cargos” allá, lo que crece no es la certeza, sino la sospecha. Y la sospecha en política es corrosiva, porque no necesita comprobarse para hacer daño, basta con no ser desmentida con contundencia. Al final de cuentas, el punto no es quién tiene la razón en el discurso. El punto es quién presenta la evidencia que cierre el caso. Porque mientras esto no ocurra, México se quedará en una posición incómoda: ni defensa sólida, ni deslinde claro. Y en este limbo, lo único que avanza es la desconfianza. Porque cuando la justicia se percibe como insuficiente, la política paga la factura…
Compañeras y compañeros del Club de Periodistas: hoy no es un día cualquiera. Hoy votaremos, pero a la vez definimos el tipo de gremio que queremos ser. Es natural que existan diferencias, porque un club sin debate es un club muerto. Aunque una cosa es disentir -lo cual nos fortalece- y otra muy distinta es permitir que las diferencias nos fracturen. Hoy más que nunca necesitamos recordar que somos periodistas, que vivimos de la palabra y de la responsabilidad. Críticos sí, pero siempre construyendo. Quién está inconforme, su voz es válida y necesaria. Este proceso no debe excluir sino incluirnos a todos. También entendamos que la unidad no significa pensar igual, sino saber avanzar juntos aun cuando no coincidimos. El voto de hoy es libre y secreto, y debe de ser respetado, sobre todo, asumido con madurez. No está en juego un nombre, es la credibilidad y la dignidad del gremio. No perdamos de vista lo esencial, porque después de votar, seguiremos siendo el club de periodistas. Lo que hagamos marcará la forma en que trabajaremos. Hay que construir, no dividir, hay que dialogar, no confrontar, hay que sumar y no restar. La unidad se demuestra y es momento de estar a la altura. Así es que, vamos a votar, que gane quien tenga más votos, y apoyémoslo en beneficio de todos como uno solo: El Club De Periodistas…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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