Sin Redundar – Carlos Avendaño

Rocha pide licencia para irse, pero no para explicar. En la política mexicana, el pedir licencia no es irse: es desaparecer tantito, en lo que baja el ruido. El ahora ex gobernador “con permiso” de Sinaloa Rubén Rocha Moya decidió pausar su mandato en Sinaloa. No renunció -esto sería demasiado directo-, mejor “optó” por pedir licencia temporal al cargo, por supuesto, porque aquí todo es temporal, menos las consecuencias. Y como dicta el manual no escrito del poder, salió a decir que tiene “la conciencia tranquila”, que su vida lo respalda y que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”. Traducción política: el discurso ya está listo, ahora falta ver si la realidad coopera. El contexto no es menor: una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico orbitando alrededor de la figura del ahora ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya. Y aquí es en donde la política mexicana se vuelve casi poética: cuando el problema crece, el funcionario se encoge, pero solo lo suficiente para no estorbar. Porque pedir licencia en este país no es asumir responsabilidad; es administrar los tiempos. Es decir: no me voy, pero tampoco estoy. No soy, pero sigo siendo. Lo interesante no es la licencia, es el timing. Porque hace apenas nada, la narrativa era de permanencia firme. De “aquí sigo”, de estabilidad y de pronto, pausa. Como si alguien hubiera cambiado la música en medio del baile y todos tuvieran que ajustar el paso sin hacer mucho ruido. ¿Decisión personal? Claro… y Santa Claus también hace logística internacional. En la política real, las decisiones importantes rara vez nacen de la voluntad individual, estas nacen de la necesidad colectiva del sistema. Y cuando el sistema detecta que una pieza empieza a estorbar, no la rompe sino que la mueve con muchísimo cuidado, con discurso y con licencia. Mientras tanto, el ciudadano recibe la versión oficial: todo está bajo control, las instituciones funcionando, los procesos en marcha. La misma historia de siempre, contada con distinta entonación. Pero aquí viene lo incómodo: pedir licencia no aclara nada, no limpia nada, no responde nada, solo compra tiempo. Y el tiempo, en política, no siempre sirve para que se haga justicia, sino para que se enfríe la memoria. Al final de cuentas la pregunta no es si Rocha Moya se fue. La pregunta es: ¿Quién decidió que era momento de que se fuera tantito? Porque en este país, las salidas nunca son espontáneas, son autorizadas. Y cuando son “temporales” suelen ser definitivas con otro nombre…

Interinatos, licencias y el guión que nadie escribe (pero todos siguen). En política mexicana, cuando todo cambia, es porque todo ya estaba decidido. El todavía gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya pidió licencia. El Congreso se la aprueba sin titubeos y en fast track institucional, aparece la figura de la estabilidad: Yeraldine Bonilla Valverde. Interinato, una palabra tan elegante como para decir: “aguántame tantito la silla”. Desde la tribuna, Bonilla Valverde habla de responsabilidad, de honor, de un pueblo que siempre sale adelante. Discurso correcto, tono institucional, narrativa impecable. También deja claro que las políticas seguirán igual. Nada cambia, todo continúa. Porque en estos casos, el mensaje no es lo que se dice sino lo que se garantiza: continuidad. Y por si quedaba duda, también hubo espacio para la solidaridad política. Respaldo al gobernador con licencia, confianza en su palabra, certeza en su versión. La línea es clara: aquí no hay ruptura, hay acompañamiento, todo en orden. Mientras tanto, Rubén Rocha Moya insiste en que las acusaciones en su contra son falsas y dolosas. Que dará la cara y demostrará que el tiempo pondrá todo en su lugar. El tiempo, este gran aliado de la política mexicana. Sirve para todo: para aclarar, para diluir o para que la memoria haga lo suyo. Pero el tablero no se detiene ahí. Por un lado, hay quienes piden licencia. Por otro lado, hay quienes borran fotos. Y también están los que, pase lo que pase, no se mueven ni un centímetro del cargo. Tres estilos con una misma lógica: el sobrevivir. Porque en Sinaloa no estamos viendo una crisis, estamos viendo un reacomodo. De estos que no se anuncian, pero se ejecutan con precisión quirúrgica. Una gobernadora interina que garantiza continuidad. Un gobernador con licencia que promete volver. Una clase política que ajusta el discurso en tiempo real. Y en medio, el ciudadano, tratando de entender si esto es transición o pausa comercial. Lo más fascinante no es el movimiento, es la coordinación. Aquí nadie improvisa, aquí nadie se equivoca, aquí todo pasa “por el bien del pueblo”. Y claro, siempre habrá quien aplauda desde la tribuna, quien borre desde el celular y quien resista desde el cargo. Cada quien defendiendo su versión de la realidad con la misma convicción con la que ayer defendía la contraria. Porque en este país, la política no se trata de tener razón, se trata de tener timing. Y hoy, el timing es perfecto: uno se va sin irse, otro llega sin cambiar nada, y todos coinciden en que todo está bajo control, aunque el guión diga otra cosa…

Extradición: entre la “causa probable” y la política automática. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que no hay pruebas en una eventual solicitud de extradición contra el todavía gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya. El problema es que el debate no es político, sino que es técnico. Y en el derecho internacional, la palabra clave no es “prueba plena” sino que lo es causa probable. ¿Qué significa esto? Que quien solicita la extradición -por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos- no está obligado a presentar todo el caso ni a demostrar culpabilidad como en un juicio. Lo que debe de acreditar es algo más acotado: que existen elementos suficientes para presumir que se cometió un delito y que la persona requerida podría estar vinculada. No es sentencia, no es condena, es un umbral inicial. En la práctica, este estándar suele apoyarse en piezas como: declaraciones de testigos (frecuentemente colaboradores), documentos financieros, reportes de agencias como el FBI o la DEA, y acusaciones formales (indictments) u órdenes de arresto. ¿Quién revisa esto en México? Primero la Fiscalía General de la República, después, un juez federal determina si se cumple con los requisitos del tratado de extradición. Y aquí está el punto que suele perderse en la discusión pública: la extradición no es el juicio. Es una revisión preliminar para decidir si la persona debe de ser enviada a los Estados Unidos, donde -ahí sí- se desahogan todas las pruebas y se define su culpabilidad o su inocencia. Por esto, responder al tema en clave política -apoyo automático o descalificación inmediata- puede ser eficaz para cerrar filas, pero no resuelve la pregunta de fondo: ¿Se cumplen o no los estándares jurídicos? Porque el riesgo de mezclar justicia con narrativa es claro: convertir un proceso legal en una batalla de discursos. Y en ese terreno, la verdad suele ser la primera víctima. Al final de cuentas, la discusión no es si hay “todas las pruebas”. La discusión es si hay las suficientes para iniciar el proceso. Y esto no lo decide la política, lo decide el derecho…

Sindicalismo a balazos: el mensaje que nadie quiere leer. La mañana de ayer jueves, fue ejecutado Homar Salas en Culiacán. No era un desconocido, pues era nada más y nada menos que el dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) y estaba a tan solo un día de encabezar su primer desfile del Día del Trabajo, pero no llegó. El atentado ocurrió en el fraccionamiento Brisas del Humaya. Versiones preliminares señalan que también perdió la vida un agente de la policía municipal que formaba parte de su escolta. Y el dato que agrava aún más el contexto: no era la primera vez que había sobrevivido a un ataque en el mes de febrero. Es decir, ya había señales, y, aun así, no alcanzaron a prender los focos rojos. Porque cuando un líder sindical es asesinado en plena transición de mando, el mensaje va más allá de la víctima. Es un golpe a la organización, a la representación laboral y, sobre todo, a la idea de que hay espacios públicos en donde se puede ejercer liderazgo sin pagar con la vida. El sindicalismo, que debería ser una herramienta de defensa laboral, termina atrapado en una lógica que no le corresponde: la de la violencia. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿Quién protege a quienes representan a otros? Porque si alguien con antecedentes de atentado y con escolta termina así, el problema ya no es individual, es sistémico. El día 1 de mayo habría desfilado, pero hoy es noticia policiaca. Y en un país en donde la violencia se vuelve rutina, lo más peligroso no es solo el crimen, es la costumbre de aceptarlo…

Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…

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