En el Ayuntamiento de Mocorito ya cambiaron más rápido de director de Comunicación Social que de estrategia política. Primero fue Blademir Nevárez, después llegó Santiago Vizcarra, y ahora entra Llarely Sugey Montoya como tercera titular del área en la administración encabezada por el alcalde el profe Enrique Parra Melecio. Tres titulares en tan poco tiempo no hablan precisamente de estabilidad institucional. Hablan de ruido interno, improvisación o de que algo simplemente no termina de funcionar en el Palacio Municipal. Porque cuando la Comunicación Social se convierte en silla giratoria, normalmente el problema no es sólo quien comunica, sino quien quiere controlar el mensaje. Y sí, bien dicen que no hay quinto malo. Aunque en Mocorito todavía van en el tercero. Ahora, siendo justos, Sugey Montoya sí llega con experiencia, conoce los medios, conoce la región del Évora y sabe perfectamente cómo se mueve la conversación pública. El problema será ver si llega a comunicar o solamente a maquillar la información. Porque si algo urge en Mocorito no es propaganda: es modernización y transparencia. Las transmisiones de Cabildo parecen hechas con tecnología prestada del siglo pasado. Audio deficiente, cámaras improvisadas y, curiosamente, transmisiones que a veces se “cortan” justo cuando el debate se pone incómodo, qué casualidad tan conveniente. Y luego está la mesa de Cabildo: sin micrófonos decentes, sin claridad en las intervenciones y con regidores que parecen extras mudos en lugar de representantes populares. Muchos ciudadanos ni siquiera conocen la voz de algunos ediles porque su función pública se resume en una coreografía básica: levantar la mano cuando habla el alcalde. Ojalá que la nueva directora también le acerque al presidente municipal algo que parece tener bloqueado: la realidad digital. Porque mientras en las benditas redes sociales crecen las críticas, en el Ayuntamiento todavía parece que viven atrapados en una burbuja en donde todo está perfecto, todos aplauden y nadie cuestiona. Y hay otro detalle imposible de ignorar: llama la atención la velocidad con la que removieron al director de Comunicación Social, mientras otros casos mucho más delicados siguen políticamente intactos. Como el episodio de la leche escolar tirada a la basura por parte del DIF municipal, escándalo que indignó a mucha gente y que, curiosamente, no provocó la misma rapidez para exigir responsabilidades. Prioridades, le llaman. Al final de cuentas, el verdadero problema no es cambiar de director de Comunicación Social. El problema real es creer que cambiando al vocero automáticamente mejora el gobierno. Porque cuando la realidad está descompuesta, ni el mejor manejo mediático alcanza para tapar el ruido…
La primera reunión de Yeraldine Bonilla Valverde con los alcaldes de Sinaloa, arrancó exactamente cómo arrancan las reuniones cuando el ambiente político está muy contaminado: con sigilo, con discreción y con las puertas prácticamente cerradas para la prensa -curiosamente-. Porque cuando un gobierno presume transparencia normalmente convoca cámaras, boletines, micrófonos y hasta pone un dron para la toma aérea. Pero esta vez no fue así. Esta vez fueron las benditas redes sociales de los propios alcaldes las que terminan “filtrando” lo que oficialmente parecía manejarse con pinzas y que no era para menos. El estado viene de recibir una gran sacudida política por demás que brutal tras los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios y exfuncionarios señalados en medio de la tormenta mediática por presuntos vínculos con el narcotráfico. Así que la reunión no era simplemente institucional, era política y de control de daños. El discurso oficial habló de “fortalecer la coordinación institucional” y dar seguimiento al Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social. Traducción política: cerrar filas, medir lealtades y revisar quién sigue dentro del barco y quiénes ya comenzaron a buscar su chaleco salvavidas. Porque algo quedó claro en la fotografía grupal compartida por el gobierno estatal: no todos quisieron aparecer en la postal. Y en política, las ausencias hablan más fuerte que muchos discursos. No estuvieron presentes Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza ni Yoneida Gámez Vázquez. Casualidad para algunos y mensaje político para otros. Porque en tiempos de crisis, cada silla vacía se interpreta como distancia, cálculo o simple instinto de supervivencia. Y luego está el caso de Richard Millán, el alcalde de Elota. Porque siendo sinceros, si alguien parecía fuera de lugar en esa reunión era él. Como invitado incómodo en una boda en donde nadie sabe exactamente quién lo sentó en la mesa principal ni para qué. Al final de cuentas, más que una reunión institucional, aquello parecía una escena clásica de política sinaloense: mucha foto cuidada, mucho discurso de unidad y demasiada tensión escondida detrás de las sonrisas. Porque cuando el poder entra en crisis, las reuniones dejan de servir para gobernar, empiezan a servir para contar quién sigue leal y quién ya comenzó a tomar distancia antes del naufragio…
El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda sigue pesando como una sombra incómoda sobre la vida pública de Sinaloa. Y ahora el Partido Sinaloense vuelve a poner el dedo en la herida: exige justicia, investigación profunda y cero impunidad. El mensaje lanzado por Robespierre Lizárraga Otero no es menor. Porque detrás del discurso institucional también hay una lectura política evidente: el PAS está dejando claro que no piensa aceptar versiones incompletas, explicaciones ambiguas ni carpetazos disfrazados de investigación. Y hacen bien en exigir. Porque cuando asesinan a una figura del tamaño político de Cuén Ojeda y el caso continúa rodeado de dudas, silencios y especulaciones, lo que se erosiona no es solo una investigación, es la credibilidad completa del Estado. Robespierre habló de incertidumbre, inseguridad y opacidad institucional. Y difícilmente alguien podría decir que exagera. Sinaloa atraviesa uno de los momentos más tensos y desconfiados de su historia reciente, en donde cada crimen de alto impacto termina inevitablemente conectado con sospechas políticas, disputas de poder y versiones encontradas. La frase más fuerte quizá fue esta: “la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad completa y no explicaciones parciales”. Ahí está el verdadero golpe político. Porque en México, muchas veces las autoridades no investigan para esclarecer, investigan para administrar los daños. Y cuando esto ocurre, la percepción pública termina siendo demoledora: la justicia no parece buscar responsables, sino controlar narrativas. El PAS también toca otro punto delicadisimo: que toda acusación debe investigarse “sin excepciones ni dilaciones”. Traducido políticamente: que no haya protegidos, intocables ni blindajes desde el poder. Porque hoy el gran problema de Sinaloa no es únicamente la violencia. Es la sensación creciente de que las instituciones ya no generan confianza suficiente para garantizar verdad y justicia. Y esto es peligrosísimo para cualquier democracia. La muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda dejó una herida política abierta. Pero lo más grave sería que también dejará la confirmación de algo todavía más oscuro: que en Sinaloa la impunidad puede más que el Estado de Derecho. Porque cuando la sociedad empieza a creer que la verdad depende de quién gobierna y no de lo que realmente ocurrió, la justicia deja de ser justicia y se convierte en simple herramienta de poder…
La frase política de hoy. “Cuando un político encuentra más fácil decir excusas que hacer su trabajo, debe ser removido del cargo. Porque no sirve a la patria, sino a su desmesurada ambición”. Dicha frase es atribuida frecuentemente a Agustín de Iturbide, lo que la hace una crítica popularizada en las benditas redes sociales y en los foros de discusión en México…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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