La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, mandó un mensaje clarísimo en sus primeras declaraciones: aquí no habrá sacudidas, ni golpes de timón, ni cambios de fondo. En otras palabras: todo seguirá exactamente igual. Y quizá este sea precisamente el problema. Porque mientras Sinaloa atraviesa uno de los momentos más delicados, tensos y cuestionados de su historia reciente, el gobierno estatal responde con la receta más burocrática posible: continuidad administrativa y discurso de normalidad. “No se requiere reforzar la seguridad”, dijo la mandataria. Como si el estado estuviera viviendo una etapa de calma escandinava y no una crisis marcada por violencia, incertidumbre política y desgaste institucional. El mensaje oficial insiste en que hay presencia de seguridad suficiente, coordinación entre corporaciones y estabilidad operativa. Pero la percepción ciudadana cuenta otra historia: miedo, desconfianza y sensación de que el gobierno intenta administrar la crisis más que resolverla. Y ahí aparece la gran contradicción del interinato. Porque en momentos excepcionales, la gente espera señales excepcionales. Espera decisiones, ajustes, firmeza, deslindes o al menos el reconocimiento de que la situación es grave. Pero lo que ofrece el gobierno es exactamente lo contrario: continuidad absoluta del modelo Rochista. El gabinete se queda, la estrategia se queda, los operadores se quedan, el discurso se queda y todo sigue como si nada estuviera pasando. La ironía es brutal. Mientras el estado vive una tormenta política y mediática sin precedentes, el gobierno parece empeñado en convencernos de que apenas cae una ligera llovizna administrativa. Y claro, políticamente tiene lógica. Yeraldine Bonilla no llegó para reinventar el gobierno; llegó para sostenerlo, contener los daños y evitar que el barco se desfonde completamente en plena crisis. Pero sostener no siempre significa gobernar. Porque cuando la ciudadanía percibe que el poder está más preocupado por transmitir estabilidad política que por enfrentar el tamaño real de la crisis, la palabra “continuidad” deja de sonar institucional y entonces empieza a sonar peligrosamente a inmovilismo. Al final de cuentas, el mensaje fue claro: no habrá ruptura con el Rochismo, sino que habrá prolongación. Y en Sinaloa, en donde muchos esperaban al menos una señal de cambio tras el terremoto político reciente, esto no necesariamente tranquiliza. Más bien confirma que el sistema decidió protegerse a sí mismo antes que reconocer el tamaño del incendio…
La tormenta política que envuelve a Rubén Rocha Moya podría no quedarse en Sinaloa. Y esto es lo que trae por demás que nerviosos a varios morenistas que, hasta hace poco, caminaban con la tranquilidad del poder absoluto. Porque cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos empieza a abrir los expedientes, ya nadie duerme igual. Mucho menos en un país en donde algunos políticos creen que la frontera también sirve para dejar atrás las sospechas, las relaciones incómodas y las amistades peligrosas. Hoy, según diversos reportes, no sería solo Rubén Rocha Moya, sino que habría al menos otros cuatro gobernadores y ex gobernadores emanados de MORENA bajo la observación de las autoridades estadounidenses. Y ahí es en donde la narrativa oficial empieza a hacer agua. Porque durante años nos vendieron la idea de que eran distintos, moralmente superiores, inmunes a las viejas prácticas del poder, pero la realidad insiste en arruinarles el discurso. El problema no es únicamente judicial, sino que es político. Porque MORENA construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de combatir la corrupción y de limpiar la vida pública. Pero cuando empiezan a acumularse los nombres, los rumores, las investigaciones y las sospechas, la bandera ética deja de verse como convicción y empieza a parecer publicidad engañosa. Y mientras desde Palacio Nacional intentan minimizar el tema con silencio estratégico o discursos patrioteros, en Washington no trabajan con mañaneras ni slogans, porque ahí los expedientes no se archivan con aplausos ni con encuestas. Washington sigue la ruta del dinero, las conexiones y los vínculos. Y cuando esto ocurre, más de uno empieza a sudar frío, aunque públicamente sonría. La pregunta ya no es si el caso Rocha Moya dañó a MORENA, porque esto ya ocurrió. La verdadera pregunta es: ¿Quién sigue? Porque en política, cuando aparece la primera grieta, normalmente no es el final del problema, apenas es la primera filtración del derrumbe. Y si de verdad existen más expedientes abiertos, varios gobernadores deberían de empezar a revisar algo más que sus discursos: sus llamadas, sus operadores y sus pasados recientes. Porque cuando los Estados Unidos de Norteamérica pone la mira, la impunidad mexicana deja de sentirse tan eterna…
“El narco pone… y el narco quita”. Las ironías de la narcopolítica en Sinaloa parecen escritas por un guionista con humor negro. Durante años, alrededor de Rubén Rocha Moya han circulado versiones, rumores y señalamientos que apuntan a presuntos apoyos del crimen organizado en el proceso electoral de 2021, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”. Nada plenamente acreditado en los tribunales, pero sí instalado en el imaginario político y mediático de un estado en donde la línea entre poder y narcotráfico lleva décadas peligrosamente borrosa. Y entonces vino el terremoto del 25 de julio de 2024: la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada García hacia los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ahí, las especulaciones explotaron como si fuera pólvora. Versiones cruzadas, traiciones internas, pactos rotos y expedientes que, según distintas filtraciones y reportes, comenzaron a moverse en las cortes estadounidenses. Porque cuando el narcotráfico entra en guerra, también tiemblan los escritorios políticos. En Sinaloa todos entienden el mensaje, aunque nadie quiera decirlo completo: el crimen organizado no solo disputa territorios, también influencias, candidaturas, protecciones y silencios. Y esto convierte cada elección en algo más complejo que una competencia democrática. La tragedia es que el ciudadano ya ni siquiera se sorprende. Escucha nombres, acusaciones, filtraciones y presuntos vínculos como quien escucha el pronóstico del clima. Estamos frente a una normalización pura. Como si el país hubiera aceptado que el poder político y el poder criminal aprendieron desde hace tiempo a coexistir, negociarse o tolerarse mutuamente. Y ahí aparece la frase que más duele porque resume décadas enteras de sospechas: “El narco pone… y el narco quita.” Tal vez sea exageración o tal vez no. Pero el simple hecho de que millones de mexicanos consideren esta idea plausible, ya representa una derrota brutal para el Estado mexicano. Porque cuando la ciudadanía empieza a creer que las elecciones no se deciden solo en las urnas sino también en las sombras, la democracia deja de verse como esperanza y empieza a parecer escenografía. Y vaya que, en Sinaloa, las sombras pesan más que muchísimos discursos…
Sinaloa: el reacomodo que huele a relevo. Las versiones y presiones que vienen desde los Estados Unidos ya no solo golpean la narrativa, empiezan a mover las piezas. El ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya entró en una zona de super desgaste, y junto con él, su círculo más cercano como lo son: el flamante ex alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el flamante todavía senador Enrique Inzunza Cázarez, cuyos nombres aparecen cada vez más en el radar político, aunque no necesariamente con certezas jurídicas. No existe caída formal, pero el costo político ya empezó a cobrarles factura. Y en política, esto basta para activar la sucesión. Ahí es donde comienzan a asomar otras figuras como la flamante senadora Imelda Castro Castro que viene ganando visibilidad, mientras que la diputada Graciela Domínguez Nava también se mueve en el tablero. ¿Será esto casualidad? Difícil de creerlo. Porque cuando el centro del poder -Palacio Nacional- percibe riesgo, no espera a que haya sentencia, empieza a construir los escenarios. No se trata de lealtades, se trata de viabilidad. Y ahí está el fondo del asunto: la política no necesita pruebas para reacomodarse, le basta con la percepción de que algo puede desmoronarse. Al final, la pregunta no es si alguien ya cayó. La pregunta es quién está listo para ocupar el espacio, si alguien cae. Porque en el poder, los relevos no se anuncian, se preparan…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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